De nuevo los derechos laborales de los médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) en manos de promesas y voluntades políticas


 senado La Reclamación de este colectivo médico desde la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, la salvaguarda de los derechos laborales de los médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de Cupo y Zona que parecía que por fin cerraba su etapa de incertidumbre, se ha quedado justo ahí. La enmienda de CiU sobre este asunto, planteada en la modificación de la Ley del Medicamento, fue rechazada por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, y tampoco contó con el beneplácito en la Cámara Alta del Senado, al ser rechazada por el Grupo Popular; si bien el portavoz del Grupo Popular, Jesús Aguirre, llamó a la calma y aseguró que. “nuestros derechos (él es uno de los ‘afectados’) están garantizados”. Pero no dijo donde, porque sobre este asunto tienen plena competencia las CC. AA., y sólo el País Vasco, junto a las gobernadas por el mismo signo político del gobierno, parece que serían las que se comprometerían a retrarsar esta medida hasta el 2020, para dar lugar a un mayor gradiente de jubilación de este colectivo médico.

              El real decreto 16/2012 sobre “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS” establece que los médicos funcionarios de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de Cupo y Zona deben optar antes del 31 de diciembre de este año por convertirse en estatutarios o integrarse en las administraciones sanitarias en igualdad de condiciones que el resto de los facultativos.

              Sin embargo, los afectados, unos 7.000 en toda España (de los cuales 3.000 son APD) , mantenían la esperanza de que el Gobierno atendiera su deseo de que se anule esta imposición o bien les permitiera seguir en sus actuales puestos hasta la edad de jubilación. De hecho, el PP ya había dejado caer en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que estaba dispuesto a introducir cambios en la norma.

              Pero no ha sido así, la enmienda realizada exprofeso por CiU, y parece que com preacuardo con el grupo mayoritario del PP que se había comprometido previamente, para ‘proteger’ a los médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de Cupo y Zona de la estatutarización ordenada en el Real Decreto 16/2012, ha sido rechazada (al igual que el resto de propuestas de grupo catalán) por la mayoría ‘popular’. La argumentación del grupo parlamentario que lidera Jesús Aguirre en la Cámara Alta, que parece que incluso ha votado contra sus propios intereses, preservando los del partido, se basa en que el Gobierno se ha comprometido en que las comunidades autónomas gobernadas por su mismo signo político se sumen a la solución intermedia planteada por el País Vasco, que consiste en que la citada orden, prevista inicialmente para el 31 de diciembre de este año, se ‘congele’ hasta la jubilación de cada profesional.

             Se trata de una disposición favorable que parece corroborar el acuerdo al que ha llegado el Ejecutivo central con el País Vasco, en virtud del cual se reinterpreta el artículo 10.4 del citado real decreto y se garantiza que estos médicos podrán continuar siendo funcionarios el próximo 1 de enero.

             La resolución que ha publicado en el BOE el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública señala textualmente que “respecto al artículo 10.Cuatro, ambas partes coinciden en que […] debe entenderse en el sentido de que el plazo que se fija, el 31 de diciembre de 2013, lo es para que los funcionarios afectados o bien opten voluntariamente por integrarse como personal estatutario en las Instituciones sanitarias de titularidad pública adscritas o dependientes de cada uno de los servicios de salud, y efectivamente se integren, o bien para que opten por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de funcionarios”.

             La solución a la que se ha llegado para el País Vasco no satisface al Foro de la Profesión Médica. “Se trata de una medida que no zanja el problema. Las leyes no hay que interpretarlas, como parece que nos piden en esta ocasión, sino hacerlas bien”, se lamenta en declaraciones a DIARIO MÉDICO Francisco Miralles, portavoz del Foro y secretario general de CESM.

             El grupo de trabajo de Recursos Humanos que está negociando con Sanidad y que está capitaneado por Miralles, se ha marcado como “prioritario” negociar con el Ministerio una solución más tangible para todos los interesados, que bien podría ser la de cambiar la norma con el fin de que puedan mantener el estatus actual hasta la edad de jubilación.

             La diputada de CiU Conchita Truella, que defendió esta alternativa en una reciente reunión de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, que estimó y defendió en su enmienda, que por su parte que esa fecha podría fijarse en el año 2020, dado que para entonces la práctica totalidad de estos facultativos habrían llegado a la edad de retiro laboral.

Así que todo queda en “aguas de borrjas”, que son lo mismo que las promesas políticas y en el juego de las voluntades o negociaciones de los distintos gobiernos autónomos competentes en esta materia.

Fuente: CESM