Ya es que no podemos ni caer enfermos». Es la queja que llevan meses repitiendo los empleados públicos, que han visto cómo sus retribuciones se ven mermadas en el caso de baja por enfermedad común, según la medida expuesta en el decreto ley de recortes del 13 de julio de 2012 (RDL 20/2012), en cuya disposición adicional décimoctava se fijaba la entrada en vigor de esta modificación en un plazo de tres meses desde su aprobación.
Esta normativa establece que los empleados públicos (estatutarios, funcionarios y personal laboral) vean reducido su salario un 50 por ciento durante los tres primeros días de baja laboral, índice que ascenderá al 75 por ciento entre el cuarto y el vigésimo día, subiendo al 100 por cien desde ese momento y hasta el final de la baja. Hasta ahora, percibían el 100 por cien de su salario íntegro los primeros 90 días y a partir de entonces el 75 por ciento. De este recorte en las nóminas de los trabajadores públicos quedan incluidas aquellas incapacidades temporales que lleven aparejada una operación quirúrgica u hospitalización, así como quimioterapia y radioterapia, además de una baja de una mujer que esté embarazada.
El Ejecutivo central argumentó que el motivo de esta modificación era reducir el elevado absentismo laboral que existe entre los empleados públicos. Un razonamiento que no comparten estos trabajadores. Uno de los sectores que más se ha quejado de la nueva circunstancia es el de la sanidad, que además se siente agraviado con respecto a otros funcionarios. Según el responsable de Sanidad en el sindicato Csif-Jaén, Manuel López, «los datos del INE del último trimestre de 2012 situaban el absentismo público en un 1,75 por ciento, mientras que el privado estaba en el 1,76 por ciento, prácticamente el mismo». Además, asegura que «en el primer trimestre bajarán aún más». El motivo es que «hay gente que ha ido a trabajar enferma porque no se puede permitir una bajada en el salario».
Y es que el descenso es importante. El vicepresidente del Sindicato Médico de Jaén, Francisco Praena, estima que «podemos hablar de drásticas bajadas de entre 300 y 500 euros por tres días de baja dependiendo de si tienen o no exclusividad». Ello se debe a que considera que «somos los más perjudicados» porque «el SAS abona solo el 50 por ciento de los conceptos fijos los tres primeros días, con la particularidad de que excluye el complemento de productividad y la carrera profesional de los conceptos que sirven para calcular el 50 por ciento de los haberes del mes anterior». «Lo mismo ocurre con el 75 por ciento hasta el día 20 de baja y el 100 por ciento desde el día 21 en adelante», añade.
Además, recalca que la norma establece un límite a las empresas que quieran complementar la prestación de la seguridad social de hasta el 50, 75 y 100 por cien de la cantidad percibida el mes anterior a la baja en los tres primeros días, diecisiete siguientes y el resto, respectivamente, sin diferenciar entre conceptos fijos o variables. «A los funcionarios públicos este límite no les supone ninguna merma retributiva adicional a la del 50, 75 o 100 correspondiente».
Los sindicatos denuncian que este recorte se une a los que ya se han producido en varios complementos, el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas o la realización de contrataciones al 75 por ciento del tiempo y renovables cada mes.